Gutiérrez Marmolejo, Javier
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Academia de Promoción de la Salud/Ciudad de México
RESUMEN
El objetivo general de este trabajo es ubicar, desde una perspectiva crítica del campo de la Salud Colectiva, retos sobre transparencia y rendición de cuentas para la transición a un sistema único de salud en México. Las características de un sistema de salud afectado por procesos de privatización, descentralización y corrupción; la participación de industrias privadas de alimentos y bebidas no saludables en consejos de salud; así como los limitados mecanismos reales de participación ciudadana en salud; constituyen retos políticos y epidemiológicos que la emergencia sanitaria COVID-19 ayuda a evidenciar. Estos elementos configuran puntos de salida para entender el efecto de la pandemia en una nación que no ha logrado garantizar a su población el derecho a la salud.
1. INTRODUCCIÓN
Los debates nacionales en torno a la respuesta del sistema de salud ante COVID-19, polarizados en un país que recientemente dio marcha atrás a la universalidad de mercado en salud [1], invitan a la construcción de análisis académicos sobre la relación entre corrupción sistémica [2], privatización del sistema de salud, panorama epidemiológico nacional y participación ciudadana.
La recuperación de lo público requiere de la defensa y del fortalecimiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas frente a discursos y prácticas que representantes de corporaciones contrarias a la salud, apoyados por ex funcionarios responsables del deterioro del sistema de salud público, han implementado para descarrilar la estrategia gubernamental ante COVID-19 y defender, en oposición al interés colectivo, los privilegios de los que gozaron durante gobiernos anteriores.
2. DESARROLLO
El objetivo general de este trabajo es ubicar, desde una perspectiva crítica del campo de la Salud Colectiva, retos sobre transparencia y rendición de cuentas para la transición a un sistema único de salud en México. Para ello, se realizó una revisión en buscadores académicos, así como en páginas y sitios electrónicos de medios de información nacional, de los siguientes campos: 1) sistema de salud en México, 2) derecho a la salud, 3) participación ciudadana en salud, 4) corrupción y salud.
Tres temas resultan relevantes para entender el efecto de la pandemia en México: 1) las características de un sistema de salud afectado por procesos de privatización, descentralización y corrupción; 2) la participación de industrias privadas de alimentos y bebidas no saludables en consejos de salud y 3) los limitados mecanismos reales de participación ciudadana en salud.
Durante el periodo de ajuste económico estructural (1982-2018), la política de salud en México transitó de una perspectiva pública de atención integral y extensión gradual de coberturas a una perspectiva de mercantilización de servicios. La descentralización, operada sin una planeación adecuada que incluyera el fortalecimiento de capacidades técnicas y financieras, redujo la capacidad operativa de las instituciones de salud reforzando el discurso neoliberal sobre ineficiencia, mala calidad y burocratismo como inherentes a los servicios públicos y legitimó, a su vez, la mercantilización de lo público [3].
La mercantilización en salud significó, además, frenar la expansión de los servicios públicos de salud, privatizar áreas rentables de las instituciones de protección social como las pensiones, restringir el quehacer de las instituciones públicas de salud a la oferta de paquetes básicos de atención selectiva y focalizada desde el Sistema de Protección en Salud, cuyo brazo operativo fue el Seguro Popular (SP) [4].Tanto las prácticas generalizadas de desvíos de recursos públicos por parte de quienes lo operaron en los estados [5], como el fracaso del SP [6][7][8], han sido ampliamente documentados.
La corrupción en el sistema de salud mexicano ha sido ubicada en sus seis subsistemas: 1) rectoría y gobernanza; 2) financiamiento; 3) prestación de servicios de salud; 4) recursos humanos; 5) suministros, tecnología, medicamentos y otros insumos; y 6) sistemas de información [9]. El despilfarro de recursos en Hospitales Regionales de Alta Especialidad se agrava en unidades que operan bajo el modelo de Asociación Pública-Privada (APP). Para el caso mexicano, el modelo APP ha implicado corrupción, subcontratación laboral y endeudamiento público [10].
Se ha comprobado el desvío de recursos públicos en salud a través de empresas fantasma en un contexto de impunidad y encubrimiento. Entre enero de 2014 y diciembre de 2018 fueron emitidas 22,933 facturas falsas en el sector salud por un valor total de $4,179,046,254 pesos [11]. Luis Francisco Molleda Cámara, apoderado legal de al menos doce empresas que simulan competencia para ganar licitaciones públicas, ha obtenido contratos millonarios, inclusive vendiendo cubrebocas con un 9833 por ciento de sobreprecio, por parte de dependencias federales, gobiernos estatales y demarcaciones políticas de la Ciudad de México en colusión con funcionarios como Carlos Barrera Ríos quien ocupara, entre 2001 y 2006, cargos directivos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) [12].
Calvillo [13] ha señalado que las grandes corporaciones de las bebidas azucaradas y de la comida chatarra, encabezadas principalmente por FEMSA-Coca Cola, Nestlé, Kellog’s, Unillever y Bimbo, habrían iniciado desde el inicio de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador [14] una guerra en contra de Hugo López-Gatelll, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, al identificarlo como el actor central de la Secretaría de Salud en la regulación de productos nocivos para la salud. Adicionalmente, el subsecretario reconoce que representantes de la alimentación procesada participaban en el Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles (OMENT), organismo creado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para evaluar y determinar políticas contra la obesidad y la diabetes, y que dichos representantes constituían 60 por ciento del Observatorio [15].
Si bien empresas privadas contrarias a la salud tuvieron una importante participación en espacios privilegiados para el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas públicas en salud, la información sobre mecanismos de participación ciudadana en el sector salud refleja una realidad distinta para la sociedad civil no organizada. Más allá de algunos consejos consultivos en distintas áreas de los institutos de salud, y de avales ciudadanos para la calidad de los servicios de salud, no hay evidencia suficiente que demuestre una activa participación ciudadana en salud alejada de legitimar acríticamente ejercicios de gobierno y, más aún, de una participación ciudadana alejada de la opacidad [16].
3. DISCUSIÓN
La letalidad por contagios de COVID-19 en México rebasa el promedio mundial. Dicho comportamiento, de acuerdo a la Secretaría de Salud, obedece a una epidemia de enfermedades crónicas degenerativas que, en buena medida, ha sido generada por el alto consumo de bebidas azucaradas y alimentos chatarra [17]. Múltiples estudios científicos señalan al consumo de productos procesados y ultraprocesados como el causante de las tres principales comorbilidades asociadas en México a COVID-19: hipertensión, diabetes y obesidad.
Esta epidemia de enfermedades crónicas degenerativas, cuyo crecimiento ha sido significativo durante el periodo 1982-2018, ha ido de la mano de la profundización de las reformas privatizadoras al sistema de salud, de los escándalos de corrupción en el sector y de la abierta participación de representantes de la alimentación procesada en el diseño de políticas públicas en salud. Se requieren mayores estudios para analizar el impacto de la corrupción y de la privatización en salud en el panorama epidemiológico nacional y la respuesta del sistema de salud a COVID-19.
4. CONCLUSIONES
La transparencia y la rendición de cuentas en tanto ejes rectores de las políticas públicas de salud en México, y del sistema único de salud, resultan fundamentales para vigilar el gasto público, sancionar la corrupción, fomentar la construcción de ciudadanía participativa y evaluar el impacto de dichas políticas con enfoque amplio en derecho a la salud [18]. La fortaleza de un sistema de salud cimentado en estos ejes rectores, por lo demás, permitirá responder de mejor manera ante próximas emergencias sanitarias
El derecho a la salud en México, lejos de haber sido garantizado durante el periodo de ajuste estructural, fue desplazado frente a los intereses de mercado, a la corrupción sistémica y su consecuente impunidad, y a prácticas antiéticas donde intereses comerciales contrarios a la salud encontraron cobijo en las instituciones públicas.
La pandemia generada por COVID-19 ha develado, entre otros asuntos, la necesidad de: 1) avanzar en la estructuración de un sistema único de salud, bajo criterios claros de transparencia y rendición de cuentas, para garantizar el derecho a la salud; 2) fincar responsabilidades civiles y penales en contra de quienes cometieron actos de corrupción en salud e 3) impulsar mecanismos de participación ciudadana real que ayuden a sancionar y a evitar la corrupción.
5. BIBLIOGRAFÍA
[1] O. López-Arellano, “Reformas de salud en México. Balance y desafíos”, Salud Problema, pp. 67-82, 2017.
[2] T. Vyan, “Review of corruption in the health sector: theory, methods and interventions”, Health Policy Plan, vol. 23, pp. 83-94, 2008.
[3] O. López-Arellano y J. Blanco-Gil, “La polarización de la política de salud en México”, Cad. Saúde Pública, vol. 17, pp. 43-54, 2001.
[4] O. López-Arellano y E. Jarillo-Soto, “La reforma neoliberal de un sistema de salud: evidencia del caso mexicano”, Cad. Saúde Pública, vol. 33, pp. 1-13, 2017.
[5] J. J. Copo Terrés, “Irregularidades financieras del Seguro Popular en los gobiernos de los estados”, Impunidad Cero y Justicia Justa, México, 2018.
[6] A. C. Laurell, Impacto del Seguro Popular en el sistema de salud mexicano, CLASCO, Buenos Aires, 2013.
[7] G. Leal, “¿Protección social en salud? Ni seguro ni popular”, Estud. polít. (Méx.), núm. 28, pp. 163-192, 2013.
[8] OCDE, Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México, OECD Publishing, París, 2016.
[9]. M. Hernández, Salud deteriorada. Opacidad y negligencia en el sistema público de salud, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, México, 2018.
[10] V. López-Toache, J. Romero-Amado y M. A. Martínez de Ita, “Las asociaciones público-privadas en México: corrupción estructural, subcontratación y endeudamiento”, Actualidad Económica, núm. 95, pp. 15-34, 2018.
[11] D. Tron.Zuccher, M. Ruiz-Albarrán y L. Pérez de Acha, “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”, Impunidad Cero y Justicia Justa, México, 2020.
[12] T. Gómez-Durán y A. L. Pérez, “La red que se enriquece con tu dinero”, Newsweek en Español, mayo de 2016.
[13] A. Calvillo, “Mercenarios contra Gatell”, Sin Embargo, México, 21 de julio de 2020.
[14] A. Calvillo, “Los ataques a López-Gatell son de antes”, Sin Embargo, México, 12 de mayo de 2020.
[15] D. Pastrana, “No tenemos camas de hospitales en los parques”, Pie de página, México, 28 de junio de 2020.
[16] F. Hevia, S. Vergara-Lope y H. Ávila-Landa, Participación ciudadana en México: consejos consultivos e instancias públicas de deliberación en el gobierno federal, Perfiles Latinoamericanos, vol. 19, pp. 65-88, 2011.
[17] M. F. Navarro, “Esta es la razón por la que más mexicanos mueren por Covid-19, según López-Gatell”, Forbes, México, 28 de mayo de 2020.
[18] O. López-Arellano, C. Tetelboin-Henrion, E. Jarillo-Soto, M. A. Garduño-Andrade, J. A. Granados-Cosme, S. López-Moreno, J. A. Rivera-Márquez y S. Rojas-Rajs, “Reforma sanitaria y derecho a la salud”, Derecho a la salud en México, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2015.