Por: Adrián Alcalá Méndez
Resumen
La presente entrega, tiene por objetivo señalar la relevancia del Parlamento abierto y su impacto en la vida democrática del país. Los avances en esta importante agenda han traído consigo beneficios que hoy han sido establecidos en un marco jurídico de vanguardia y que permite a la ciudadanía mexicana y al servicio público contar con certeza jurídica.
México ha sido parte de los esfuerzos de implementación del Parlamento abierto en conjunto con organizaciones de la sociedad civil que han marcado un nuevo camino en relación del quehacer gubernamental con una orientación democrática que permite fortalecer el Estado de Derecho y por tanto, ha potenciado ambientes efectivos para conducir procesos de rendición de cuentas. Lo anterior, a través de mecanismos de participación ciudadana que influyen en los procesos de toma de decisiones; se trata entonces de un esfuerzo de inicio más no de llegada.
Desarrollo
Un legislador o legisladora que se compromete a trabajar en favor del parlamento abierto responde a cualquier solicitud de información con certeza y diligencia; le habla a la sociedad con el lenguaje franco de quién tiene una actividad tan importante como representar los intereses de las mayorías, y coloca en la vitrina pública su probidad, respeto por las leyes y da un importante valor a la ética pública. Sí, adherirse a las prácticas de Parlamento abierto suele abordarse desde la visión de los procesos y procedimientos administrativos y no desde la ética y la probidad de quienes forman el cuerpo legislativo.
Después del proceso electoral en el que las y los congresistas son elegidos, la “disciplina partidista” suele condicionar muchas de las acciones y decisiones que tomarán incluso desconociendo los compromisos asumidos en campaña; lo anterior afecta a la rendición de cuentas, ya que las y los representantes para no enfrentarse a la mirada pública dejan de dar entrevistas, no hacen públicos sus votos, no proponen iniciativas, se ausentan ante temas incómodos, o reservan información ante solicitudes de acceso. Por supuesto no es la regla, pero para avanzar más allá de los principios es necesario plantear que, el parlamento abierto, debe evaluarse con especial énfasis en las acciones de la actuación legislativa y no solo respecto a la apertura de puertas o las transmisiones en vivo, sino con la fundamentación y la motivación de su acción, así como con la rendición de cuentas de los compromisos asumidos ante sus representados.
Como lo ha señalado el marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, el control democrático de la gestión pública, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades del Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre su gestión, así como la participación ciudadana más amplia. Por ello, en el contexto democrático, las expresiones sobre funcionarios públicos o personas que ejercen funciones públicas, así como sobre los candidatos a ejercer cargos públicos, deben gozar de un margen de apertura particularmente reforzado. En este sentido, el Parlamento abierto constituye una poderosa herramienta para recuperar la confianza en las instituciones que reglamentan nuestro actuar, ya que las decisiones constituyen también una oportunidad para avanzar en la agenda de Justicia abierta. A partir de esta premisa, planteo a continuación tres ejemplos clave para México.
El primer ejemplo es que el parlamento abierto permite que el Congreso de la Unión sea un contrapeso a la actuación de las y los Jueces. La iniciativa que reformó el artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortaleció la transparencia judicial, y se construyó en total colaboración con el colectivo “Lo Justo es que Sepas”. Es evidente que saber cómo actúan los jueces y los tribunales al resolver los casos, y conocer las sentencias cuidando los datos personales, permite que los impartidores de justicia al saber que sus sentencias son públicas eviten interpretaciones laxas o contrarias a derecho.
El segundo ejemplo: el parlamento abierto permite que la sociedad civil organizada y la ciudadanía incorporen artículos fundamentales para que los derechos humanos cumplan con el principio de progresividad. La Ley General de transparencia es muestra de ello. Se realizó en conjunto con colectivos de organizaciones y la academia como “México infórmate”, “El Colectivo por la transparencia” y el CIDE que aceptaron o encorchetaron artículo por artículo, fracción por fracción de la ley, y hoy en día la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es una de las mejores leyes del mundo.
El tercero. El parlamento abierto permite legislar contra la corrupción. Claramente tenemos la iniciativa ciudadana 3 de 3 que culminó exitosamente en reforma de Ley en la que se establece la obligación del funcionariado público de hacer públicas su declaración patrimonial, de intereses y fiscal señalando reglas claras de conducta para el servicio público y actores privados, así como diversas sanciones por actos de corrupción.
Quiero terminar señalando que, conocer los principios, procesos y procedimientos del parlamento abierto, es tan importante como el efecto que puede tener el actuar cotidiano de quien legisla. La máxima publicidad centrada en la probidad del actuar público permite que la transparencia y la rendición de cuentas fortalezcan el acceso a la justicia y la confianza en las instituciones, sin duda, una meta que en la Alianza debemos concretar.