Por: Tomás Severino Ortega, Cultura Ecológica, Iniciativa de Acceso México, IAMEX y Núcleo Ampliado de Organizaciones de Sociedad Civil de Gobierno Abierto (NOSCA).

La Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación y el Acceso a la Justicia Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, comparten muchos elementos en común, además de las coincidencias entre sus agendas.

2011 y 2012 marcaron el inicio de estos tres procesos internacionales que hoy están en las agendas de muchos países, particularmente en América Latina y el Caribe. En septiembre de 2011 se lanzó la iniciativa  AGA u Open Government Partnership en inglés, con ocho países (Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, México, Noruega, Sudáfrica, Indonesia, Filipinas) y hoy esta alianza tiene 78 países miembros y 56 jurisdicciones locales que forman parte de su programa local. De forma similar, la iniciativa que detonó el proceso que derivó en el Acuerdo de Escazú inició formalmente en junio del 2012, en la Cumbre de Río +20 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo) con el respaldo de diez países (Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Paraguay, Uruguay, Jamaica, Panamá y República Dominicana). Por su lado, la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron también anunciados en la misma Cumbre de Río+20 en el documento que de ella resultó, llamado “El Futuro que Queremos”, cuya aprobación internacional se dio en2015.

Las sinergias hechas a través de los años entre la AGA y el proceso hacia Escazú, han sido varias desde sus etapas iniciales. Tres ejemplos constatan estas sinergias. El caso del Primer Plan de Acción de Chile, donde bajo el apartado de Gobierno Abierto para la creación de comunidades más seguras, entre otras establece que: “Chile considera fundamental la implementación cabal de los derechos de acceso, participación y justicia ambiental consagrados en el Principio 10 de la declaración de Río. Por lo mismo, Chile promueve la celebración de Convenios Regionales para la adopción del Principio 10. …”

También está el caso del Primer Plan de Acción de Costa Rica 2013-2014, que establece como compromiso el “Realizar un foro sobre el acceso a información y participación ciudadana en la temática ambiental. En relación con el compromiso de Costa Rica en la temática ambiental con respecto a la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se realizará en el segundo semestre del 2013 un foro abierto de discusión sobre el acceso a información y participación ciudadana en la temática ambiental para fomentar la sensibilización y la participación de la población, así como generar los mecanismos de apoyo para aprovechar el convenio regional de aplicación del principio 10 en América Latina.”

Por último, de estas sinergias posibles y necesarias, entre AGA y Escazú se derivó el Primer Plan de Acción del Ecuador 2019-2021. A diferencia de los ejemplos previos, cuando el Ecuador desarrolló su Plan de Acción el Acuerdo de Escazú ya era una realidad, puesto que éste fue adoptado en marzo de 2018 y por tanto su enfoque se centra en lo que será la fase de implementación nacional del Acuerdo e incluye un compromiso para: “Reforzar los mecanismos de gobernanza ambiental existentes en Ecuador a través del cumplimiento de los lineamientos e implementación del Acuerdo” en el que  se establecen actividades concretas para lograr el cometido del compromiso, y que podrían incluso servir como hoja de ruta y ejemplo para otros países, y otros ejercicios subnacionales y locales de gobierno abierto en la región. Estas son:

1)Análisis diagnóstico de congruencia del Acuerdo de Escazú el marco político, normativo e institucional vigente.

2) Articulación de organizaciones de la sociedad civil, academia y movimientos locales que promueven el Acuerdo en una Plataforma u Observatorio Ambiental a nivel nacional …. para aportar al proceso de implementación del Acuerdo, así como vigilar el cumplimiento de los compromisos (hoja de ruta)

3) Co-construcción de propuestas y hoja de ruta para avanzar en el proceso de implementación de las disposiciones del Acuerdo de Escazú en el marco político, normativo e institucional.

Estos tres casos sirven para plantear la necesidad de fortalecer las sinergias entre los Planes y compromisos de Gobierno Abierto y el Acuerdo de Escazú. Es importante reflexionar sobre cómo podremos lograr tener criterios sobre los estándares del Acuerdo, tanto para la elaboración de planes y compromisos y, por qué no, también al interior de los procesos de cocreación; cómo utilizamos el vehículo de los planes de acción para allanar el camino a los procesos de implementación nacional del Acuerdo y cómo incentivamos también las sinergias “a tres bandas”, retomando las sinergias con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En este sentido, sí desde luego con el Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas, pero aprovechando la integralidad y la interrelación de todos los ODS. Desde que los ODS fueron aprobados por la comunidad internacional en el 2015, éstos han estado presentes en distintos planes de acción de la región, transitando de la mera alineación con los ODS hacia la integración de éstos con sus metas en acciones específicas.

Vale decir que los temas ambientales han estado presentes en varios de los planes de acción de los 17 países de nuestra región que forman parte de la AGA y que han estado vinculados principalmente a la transparencia, el acceso a la información y la participación en temas ambientales.

El Acuerdo de Escazú entró en vigor el pasado 22 de abril, el Día de la Tierra. De los 33 países de la región, 24 participaron de su redacción, 24 lo han firmado y sólo 12 lo han ratificado. Necesitamos redoblar los esfuerzos para aprovechar la conjunción de estos tres espacios y avanzar en la democracia ambiental, el reconocimiento y el ejercicio de los derechos humanos, así como la transparencia, la rendición de cuentas, la participación social y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).

El Acuerdo de Escazú es vinculante, es decir, obligatorio para los Estados que lo ratifiquen, establece los estándares que deben garantizarse para ejercer los derechos de acceso; es el primer acuerdo regional ambiental y está estrechamente relacionado con los derechos humanos. Es el primer instrumento en el mundo que establece una garantía para las personas que defienden los derechos humanos en temas ambientales, siendo América Latina y el Caribe la región más peligrosa en el mundo para ejercer esa labor. Hay mucho por hacer y son muchas las sinergias potenciales y necesarias para avanzar en las tres agendas comunes, pero juntas será menos complicado que por separado. Debemos continuar trabajando para determinar cuáles son las rutas y mejores prácticas reforzar estos esfuerzos desde las tres plataformas de manera conjunta AGA-Escazú-ODS.