Mtra. Dominique Amezcua Juárez

La Iniciativa Feminista de Gobierno Abierto (FOGO, por sus siglas en inglés) nace en 2018, en el marco de la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto (AGA), celebrada en Georgia. Esta propuesta plantea la imperante necesidad de tomar en cuenta las brechas que existen entre hombres y mujeres, por razones de género, al momento de co-crear los planes de acción que, cada dos años, los países miembros deben presentar.

La premisa de trabajo de FOGO es que cuando las perspectivas de las mujeres y las niñas no son incorporadas al momento de impulsar un gobierno abierto, se pierden una serie de conocimientos y referencias fundamentales que limitan el potencial de cualquier intervención que plantee soluciones a un problema que no se alcanza a ver. En 2018, casi  100% de los compromisos generados en torno a la AGA a nivel global no consideraron las diferencias que existen entre las experiencias de hombres y mujeres al momento de habitar y acceder a lo público. A septiembre de 2019, sólo  2% de estos compromisos son sensibles a cuestiones de género.

De acuerdo con un estudio impulsado desde FOGO y realizado en 12 países de América Latina, Asia, África y el Oriente Medio ―entre los que se encuentra México―, las mujeres y sus intereses están subrepresentados en la AGA y no están siendo involucradas en los procesos deliberadamente. Del mismo modo, se detectó que las cuestiones que las mujeres consideran especialmente importantes ―el empoderamiento económico, el liderazgo político o la violencia contra las mujeres― siguen estando, en gran medida, ausentes de los debates sobre los planes de acción.

En el caso mexicano, todos los compromisos incluidos dentro del primer y segundo plan de acción son ciegos al género, es decir, dan por sentado que lo que se haga impactará de igual modo tanto a mujeres como a hombres. Para el tercer plan de acción, la igualdad de género se integró como uno de los ejes temáticos definidos mediante consulta pública y se tradujo en la incorporación de un compromiso (de un total de siete) enfocado en el reconocimiento de la carga desigual en los trabajos de cuidado en los hogares entre hombres y mujeres. En otras palabras, los “asuntos de género” fueron considerados independientes y ajenos al resto de ejes temáticos definidos y se limitó el enfoque a una sola problemática de la compleja situación de desigualdad que encaran las mujeres en México.

En su cuarto plan de acción, México realizó un esfuerzo por transversalizar la perspectiva de género en cada uno de los trece compromisos asumidos para el periodo 2019-2021. No obstante, es relevante señalar que la alineación de los compromisos con la perspectiva de igualdad de género no se refleja en indicadores sensibles al género que permitan recabar información sobre las desigualdades existentes entre hombres y mujeres ni sobre los diferenciales de acceso y oportunidad por razones de género en los diversos contextos de la sociedad: el trabajo, la participación política, los usos del tiempo, el ocio y la cultura, la salud, el uso de servicios sociales, etc. Y lo que no se mide, no se puede analizar, ni comprender, ni atender.

Con base en sus hallazgos, FOGO ha hecho una serie de recomendaciones para que los planes de acción de los países miembros de la AGA contribuyan a cerrar las brechas de género existentes, entre las que destacan:

  • Inclusión de requisitos obligatorios para la participación en condiciones de equidad de las mujeres en los comités nacionales y/o técnicos y un número mínimo de compromisos sensibles al género.
  • Institucionalización de mecanismos para evaluar la contribución de los planes de acción para incrementar la representación política de las mujeres, el acceso a la información, a los servicios públicos, a los recursos económicos y a la seguridad social, con incentivos para impulsar procesos inclusivos.
  • Elaboración de una guía para hacer oír la voz de las mujeres y un código de conducta de la AGA que aborde las barreras culturales existentes y trate de reducirlas en el marco de los procesos de co-creación y de implementación de los planes de acción.
  • Inclusión de indicadores sensibles al género y de secciones narrativas sobre la desigualdad de género en los informes sobre los avances de cada país en la agenda de gobierno abierto. Desarrollo de métricas para verificar avances y retrocesos en materia de género.
  • Utilización del Mecanismo de Revisión Independiente (MRI) para evaluar la inclusión de la perspectiva de género en los procesos AGA.
  • Exploración de mecanismos de financiación para facilitar la participación significativa de las mujeres en la AGA, incluyendo apoyos para la instalación de capacidades, conocimientos técnicos y para garantizar su participación en los procesos de co-creación, tomando en cuenta los roles de género asignados y vigentes que limitan la disponibilidad de tiempo de las mujeres.

México tiene un largo camino por recorrer para romper con la inercia de crear e instrumentalizar compromisos de gobierno abierto “unitalla”, que no toman en cuenta las relaciones de poder, el acceso a los recursos y las normas sociales y culturales que impactan de manera desigual a hombres y mujeres. Lo que está en juego cuando no se da prioridad a la inclusión sustantiva de las mujeres en la AGA es la legitimidad del movimiento y de la visión de gobierno abierto en su conjunto.