Comité Coordinador de México en la Alianza para el Gobierno Abierto

Introducción

Desde su incorporación como miembro fundador de la Alianza para el Gobierno Abierto, México ha sido pionero al crear un órgano de gobernanza tripartita para la toma de decisiones (Comité Coordinador), diseñar un tablero de seguimiento a los compromisos como herramienta de rendición de cuentas y mejorar los procesos metodológicos para la construcción de sus planes.

Sin embargo, en 2017 atravesamos la ruptura del diálogo con la sociedad civil organizada tras el caso conocido como #GobiernoEspía.

En 2019, con la nueva administración federal en la representación de la Secretaría de la Función Pública (Función Pública), la participación activa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la disposición del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC), se reactivó el diálogo gobierno-sociedad, lo que permitió, entre otros temas, cuestionar las escasas o nulas estrategias de inclusión y representación de grupos históricamente discriminados en los espacios de cocreación organizados hasta ese momento en torno a los trabajos de la Alianza.

Una vez recuperado el espacio de diálogo gobierno-sociedad, se aprovechó la coyuntura para incidir en temas ambiciosos, entre otros, se planteó la necesidad de cuestionar las escasas o nulas estrategias de inclusión y representación de grupos históricamente discriminados en los espacios de cocreación organizados hasta ese momento en torno a los trabajos de la Alianza; con el propósito de involucrar más personas y más voces en la construcción del Plan de Acción más reciente.

Sobre la Iniciativa Feminista de Gobierno Abierto

La Iniciativa Feminista de Gobierno Abierto (Feminist Open Government Initiative, FOGO por sus siglas en inglés) es un esfuerzo que surge a partir de un documento de investigación publicado en 2018 por la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP por sus siglas en inglés) y es reconocida como la iniciativa de un gobierno abierto feminista. En esta investigación se utilizaron dos grandes categorías de análisis:  participación ―quiénes y cómo― y compromisos ―diseño y alcances―.

En relación con quiénes y cómo participan en los procesos de gobierno abierto, FOGO concluye lo siguiente:

1) las organizaciones de mujeres no están bien representadas en los procesos;

2) en su mayoría, participan organizaciones con especialización técnica y con procesos centralizados en las ciudades por lo que las perspectivas y necesidades de las zonas rurales no se toman en cuenta o no se asientan en los planes finales;

3) el valor de la participación en estos procesos no es claro para los grupos que trabajan por los derechos de las mujeres;

4) cuando hay mujeres participando, suele ser en calidad de representantes de sus organizaciones y no como expertas en género;

5) los temas particularmente importantes para las mujeres como empoderamiento económico, liderazgo político y violencia en su contra, no aparecen como compromisos en los planes, y

6) existen barreras de género para el acceso a la información gubernamental y para la participación  en los procesos de cocreación.  

Por su parte, respecto al diseño y alcance de los compromisos, FOGO reporta lo siguiente:

1) persiste el supuesto de que como OGP es un espacio abierto para todos, beneficiará a todos por igual y el género debe ceñirse a compromisos especìficos;

2) la mayoría de los compromisos son “ciegos” ante las brechas de género;

3) la participación de mujeres y de organizaciones de mujeres se relaciona con la creación de compromisos sensibles al género;

4) donde hay compromisos en este sentido, se perciben barreras de implementación;

5) la falta de mecanismos de evaluación con perspectiva de género limita la rendición de cuentas en la materia, y

6) es necesario contar con datos desagregados por género, ya que hay una demanda para generarlos e incluso se deben tomar en cuenta otras interseccionalidades para el diseño, implementación y seguimiento de servicios más adecuados.

La perspectiva feminista del Cuarto Plan de Acción de México

  1. ¿Quiénes y cómo participan en el caso mexicano?

A partir de los hallazgos relacionados con el hecho de que las organizaciones de mujeres no están debidamente representadas, la valorización de la participación en estos procesos por parte de organizaciones que trabajan en pro de los derechos de las mujeres es poca y la calidad de la representación de las mujeres no necesariamente es en su carácter de expertas en género. A continuación se describe cómo México ha abordado estos retos:

Primero: En términos de representatividad, el proceso de diseño y elaboración del Cuarto Plan estuvo acompañado de una ampliación de organizaciones nacionales y locales cuyo propósito fundamental es el de procurar el acceso de grupos defensores de los derechos humanos de las mujeres y de otros grupos históricamente discriminados. En este sentido, el proceso del Cuarto Plan permite identificar al menos a 20 organizaciones.

Segundo: En 2019, el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto (NOSC) incorporó a dos organizaciones feministas: el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y Equis, Justicia para las Mujeres, A.C. Esta ampliación ha facilitado la participación de organizaciones especializadas en temas de género en el órgano de gobernanza del proceso de gobierno abierto nacional y contribuyó a incorporar de manera transversal un enfoque de género en todo el proceso de construcción del Plan de Acción.

Tercero: Presencia de observadoras de género en las mesas de cocreación para construir el Cuarto Plan de Acción con el propósito de asesorar a los grupos de trabajo para incorporar esta mirada en la construcción de posibles alternativas de solución a los problemas públicos planteados, lo que facilitó la transversalidad de la perspectiva de género en los compromisos.

Cuarto: En cuanto a la centralización de la participación y las barreras de género para el acceso a la información, es posible destacar que una de las primeras decisiones del Comité Coordinador fue ampliar la participación en la consulta inicial para definir los temas a los que se les habría de buscar solución mediante los pilares de gobierno abierto. Para ello, además de la consulta en línea, se hizo el levantamiento de algunos cuestionarios en campo en diversos espacios de incidencia de cada una de las partes que componen el Comité Coordinador: instalaciones de la Secretaría y del INAI, así como en eventos realizados por el INAI y el NOSC. En total, se realizaron 153 encuestas en campo.

Quinto: En las mesas de cocreación llevadas a cabo entre agosto y octubre de 2019, participaron 111 organizaciones de la sociedad civil incluyendo 30 organizaciones locales de 20 estados de la república. Si bien la misión de muchas de estas organizaciones no se especializa necesariamente en los pilares de gobierno abierto, su participación sí proporcionó una visión mucho más incluyente al diálogo y debates para cocrear los compromisos. Ello se refleja en que nunca antes se había hablado tanto sobre las particularidades de ciertos grupos poblacionales como personas con discapacidad, personas pertenecientes a comunidades indígenas, mujeres, personas jóvenes, entre otros. La participación de organizaciones que representan a personas con discapacidad en las mesas de cocreación y en las reuniones de acuerdo de hojas de ruta, nos llevó a realizar ajustes a la metodología adaptando algunas dinámicas y los espacios físicos.

Sobre los temas que las mujeres encuentran particularmente importantes y que con frecuencia no aparecen como compromisos en los planes, cabe destacar que en el Cuarto Plan no hay compromisos específicos relacionados con empoderamiento económico y liderazgo político. Sin embargo, destacan dos compromisos que abordan el tema de la violencia contra las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos y otro que contempla la necesidad de estrategias para la autonomía económica de las mujeres.

  1. Los compromisos del Cuarto Plan de Acción y su visión de género

México ha abordado la ceguera de género y el supuesto sobre la naturaleza abierta de la AGA, incluyendo la perspectiva de género desde el inicio de la metodología de la construcción del Cuarto Plan y diseñando un apartado especial en las hojas de ruta de cada compromiso que incorpora la perspectiva de género. Ello obligará a las instituciones gubernamentales responsables de la implementación y a las organizaciones corresponsables a pensar la rendición de cuentas en clave de género y deberá traducirse en los reportes de autoevaluación. En algunos casos se tendrán que evaluar desde una perspectiva de inclusión de grupos históricamente discriminados, tal como sucede en el compromiso en materia de empleo.

En cuanto a la participación de mujeres, sus organizaciones y su influencia positiva en el diseño de compromisos sensibles al género, el caso mexicano es un ejemplo plausible. Sin embargo, cabe destacar que fue más fácil encontrar la perspectiva de género en aquellos compromisos que surgieron de los temas de la consulta pública, que en aquellos denominados proactivos ―excepto el de cuidados―, pues fue incorporada después de que se habían definido los problemas.  

La necesidad de generar datos desagregados y tomar en cuenta la interseccionalidad, será el reto más importante para los compromisos establecidos en el Cuarto Plan, pues aunque muchos compromisos establecen explícitamente esta necesidad, los retos técnicos y de origen de la información habrán de ser documentados y superados.

Por otra parte, en los compromisos aparentemente “neutrales” ―como la trazabilidad del gasto en programas sociales o la elaboración de recomendaciones para mejorar los mecanismos de participación ciudadana del sector rural y ambiental―, entre las actividades propuestas para su implementación se contempla la desagregación de datos por sexo, la incorporación de la perspectiva de género y la  inclusión de grupos prioritarios en el análisis respectivamente.

El Cuarto Plan de México incluye compromisos específicamente enfocados en cuestiones de género: uno que busca la implementación de un modelo piloto que proporcione evidencia para la construcción de un sistema nacional de cuidados (compromiso 11) y otro enfocado en la generación y publicidad de información que sirva para conocer la implementación de dos Normas Oficiales Mexicanas para atender la violencia y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos para las y los jóvenes (compromiso 8). Con estos compromisos, se busca atender tanto necesidades cotidianas de las mujeres  ―reorganización del trabajo de cuidados― como derechos fundamentales ―derechos sexuales y reproductivos y atención a la violencia―.

Adicionalmente, si bien, a la fecha, estamos en una etapa inicial de la implementación del Plan de Acción, es importante mencionar que se ha procurado que la conformación de los grupos de trabajo que darán  seguimiento a cada compromiso sean plurales e incluyentes, al adaptar horarios, espacios físicos y dinámica de las sesiones para que las personas con discapacidad puedan asistir con mayor facilidad.

Retos y pendientes

México tiene la oportunidad ideal para avanzar hacia un gobierno abierto feminista, inclusivo y sensible a las particularidades poblacionales. Para lograrlo, se deben realizar ajustes metodológicos y operativos que de forma creativa e innovadora permitan que más mujeres y grupos prioritarios puedan acceder a espacios de los que históricamente han sido excluidos, y le encuentren sentido práctico a su participación. Para lograr dicho cometido, debemos poner mayor atención a:

  1. Descentralizar los procesos de construcción de los planes de acción nacionales: criterios de regionalización y mecanismos de consulta que permitan acceder a las comunidades rurales o con brecha tecnológica.
  2. Sensibilidad al uso del tiempo de las mujeres para facilitar su participación (pensar en espacios para el cuidado de hijas e hijos y sedes con facilidades para acceso al transporte público).
  3. Mapeo sistemático de organizaciones de mujeres y aquellas que atienden a grupos históricamente discriminados, así como la implementación de mecanismos de sensibilización, fortalecimiento de capacidades y participación amplia.
  4. Establecimiento de indicadores más precisos en cuanto al potencial transformador de los compromisos en materia de género, incluyendo aquellos que no se construyan mediante procesos de consulta amplia.
  5. Generar compromisos específicamente enfocados en temas de empoderamiento económico y  liderazgo político que permitan cerrar brechas de desigualdad.

Conclusión

Existen múltiples retos que debemos enfrentar, sin embargo se están dando avances cualitativos hacia la inclusión de personas, colectivos y partes interesadas que sin duda enriquecerán los procesos de gobierno abierto a nivel nacional. Finalmente, es importante destacar que  tomar medidas explícitas para dar voz a aquellas personas que suelen estar subrepresentadas por razón de su sexo, adscripción étnica, discapacidad, lugar de residencia, edad o condición económica, sigue siendo prioridad.

Algo importante que resaltar como conclusión, es la importancia de la voluntad política de parte de los gobiernos, si esto no existe, difícilmente se llegará a buen puerto. Hoy en día, los discursos políticos feministas ya no son suficientes, se necesitan acciones claras y reales. Y de parte de las organizaciones de la sociedad civil, se necesita de su impulso, proactividad y organización para presentar  propuestas factibles y viables a la realidad mexicana.